Ha terminado el embarazo, y han pasado los cuatro meses de permiso de maternidad para cuidar al recién nacido.
Ahora bien, ¿pública o privada? Las guarderías del estado tienen fama de ser muy buenas, pero cada vez los requisitos que exigen para la matrícula son más restrictivos. Sólo admiten a determinado número de niños, y tienen más posibilidades de ser admitidos los que tienen pocos ingresos. A menos ingresos, más puntos. Los hijos de los inmigrantes suelen llevarse la mayoría de las plazas, por lo que muchos padres españoles se sienten indignados y envidiosos. De no ser admitidos en uno de estos centros estatales, los padres no tienen otro remedio que buscar un centro privado, normalmente más caro. Si bien la cuota mensual de una guardería pública suele situarse en torno a 200 euros por una jornada completa, en una privada, pueden pedir entre 350 y 600 euros, dependiendo de los servicios que ofrezcan. Y como algunas madres ganan apenas un poco más que eso, la guardería pierde sentido.
Sin embargo, las guarderías públicas tienen sus inconvenientes: el número de niños es mayor (el “tope” son 14-20 niños) y los procedimientos para inscribir a los pequeños en la guardería son absolutamente pesados.
Los padres deben estar muy pendientes de solicitar plazas en un momento concreto del año, aportar muchos documentos, entrar en una lista de espera… y armarse de paciencia entre listas y colas. Pero conseguir una plaza no siempre soluciona el problema: algunos padres tienen un horario de trabajo incompatible con el de la guardería (de 9 a 4 el normal, y de 8 a 5 el ampliado). Los que pueden optan por dejar al bebé con los abuelos, lo cual se considera una suerte. Un dato curioso es que cada vez más los abuelos de edades muy avanzadas se ven obligados a hacerse cargo de sus nietos, cuando en generaciones anteriores los niños se quedaban con su mamá.
Concluyendo, en comparación con otros países europeos España cuenta con unas prestaciones sociales muy limitadas.