Los ayuntamientos vierten cada día aguas residuales a los ríos.
Las empresas hacen lo mismo, tras utilizar el agua en sus procesos industriales. Son los principales responsables de los vertidos en los ríos. Esas aguas deben ser tratadas previamente, para evitar la emisión de contaminantes y mantener el estado ecológico de los cauces. Los ayuntamientos e industrias están obligados a disponer de una autorización para verter. De este modo, el recurso hídrico debe devolverse con el mismo nivel de calidad que se toma.
Así es como debe suceder, aunque el director general del Agua, Jaime Palop, confiesa que «hay problemas de calidad de las aguas y de restauración de cauces». Y añade: «El patrimonio medioambiental está descuidado, fruto de una visión de lo que tiene que ser el agua del siglo pasado: un río era un canal por el que circulaba agua para aprovecharse«.
Con el objetivo de comprobar que todos, ayuntamientos, industrias, piscifactorías y minerías tratan adecuadamente este recurso, el Ministerio de Medio Ambiente ha creado el Censo Nacional de Vertidos, en el que se ha incluido más de 18.000 emisores.
«Hasta ahora no se disponía de una autorización de los vertidos que se realizan de acuerdo a la legislación comunitaria. Al final de la legislatura podremos realizar un control de las 18.000 concesiones, con objetivos de calidad para cada sustancia contaminante«, asegura Palop.
Las Confederaciones Hidrográficas dependientes del Estado (Norte, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro) han recopilado los datos de cada una de las empresas, públicas y privadas, para poder emitir las 18.000 autorizaciones. En cada una de ellas figura el titular y la localización, las características de la actividad del causante de la emisión y las propiedades del vertido (incluyendo si contiene presencia de sustancias peligrosas), así como la naturaleza del río receptor.
Los ayuntamientos deben contar con estaciones depuradoras de aguas residuales para depurarlas antes de emitirlas. Las industrias deben acreditar, por su parte, procedimientos de tratamiento. La guardería fluvial realizará los controles. «Se tomarán muestras, para ver si cumple o no», indica el director general del Agua.
En caso de que haya un incumplimiento, se aplicará el principio de que quien contamina paga y repara y habrá una sanción. «Si uno no se siente observado, ni funciona la depuradora ni hace los informes«, opina Palop.
Basura en las riberas
En las riberas se acumulan en ocasiones multitud de residuos, desde cascotes hasta lavadoras o colchones, convirtiendo los cauces en auténticos basureros. El Gobierno lleva gastados 60 millones de euros en tres años para limpieza y restauración. «Con la poca agua que hay en algunos cauces, por la sequía, si encima está contaminada, se ha acabado con el río», sentencia Palop.
Además, para involucrar a los ciudadanos en la protección de los ecosistemas acuáticos, hoy se celebra el Día Mundial del Control de la Calidad de las Aguas. Se realizarán 17.000 pruebas para comprobar el estado de salud de los ríos españoles.